La decisión de postergar el desalojo de las tierras usurpadas en Estación Juárez Celman alarga el padecimiento de los vecinos de esa ciudad, hartos de robos, hostilidad y cortes de ruta.
La usurpación de tierras en el predio denominado “Parque Esperanza”, en jurisdicción de la ciudad de Estación Juárez Celman, es la historia de un engaño que, en forma inexplicable, ha recibido este miércoles el amparo de la justicia provincial y la extensión de un problema que afecta a los vecinos y beneficia sólo a intereses individuales de quienes están fuera de la ley.
La resolución tomada este miércoles por la Cámara Sexta en lo Criminal y Correccional (a cargo del magistrado Julio Guerrero Marín), que contradice en forma inexplicable un fallo del Superior Tribunal, deja sin efecto el tan necesario desalojo de las familias que allí supuestamente residen, ya que muchas tienen sus viviendas en otros barrios de la ciudad de Córdoba y sus alrededores y fingen estar afincadas en el predio en cuestión para obtener beneficios del caso, extiende el suplicio que padecen los vecinos de barrio Parque Norte y otros sectores de Estación Juárez Celman que sufren robos y agresiones en forma permanente.
Los vecinos de la ciudad que viven en viviendas propias o alquilan en forma legal y que soportan desde hace años la situación, que incluye asaltos, robos, hostilidad y cortes de rutas y calles, tienen claro que todo comenzó como una movida con intereses políticos para posicionar a un candidato que junto a un grupo de personas ajenas al lugar tomaron 13 hectáreas de tierra de propiedad privada, bajo la promesa de que conseguirían viviendas de parte del Estado. Muchos de ellos ya residían en casas aportadas por planes nacionales o provinciales.
Esta forma de operar se repite en otras ciudad y localidades, en especial del Gran Córdoba, como Malvinas Argentinas, por ejemplo, sitios donde estos inescrupulosos aprovechan las ventajas de enfrentar a gobiernos municipales con menos poder.
Con todo, algunos realmente necesitados fueron respaldados en Estación Juárez Celman por el gobierno municipal que encabeza la intendente Myrian Prunotto, quien atendió las demandas en la medida de sus posibilidades y sin salir de la legalidad. En este sentido, nunca pudo asistir a los usurpadores con servicios, ya que no estaba a su alcance invadir un terreno privado.
Incluso, pese a no poder ingresar al predio, el municipio ayudó a los residentes en el lugar aportando agua potable envasada. Además, el municipio facilitó que los niños que habitan en el lugar asistan a las escuelas de la ciudad o se atiendan en los dispensarios municipales.
Gracias a esa ayuda se pudo saber con certeza que las familias residentes en el predio en cuestión son mucho menos que las 157 que ellos declaran. A juzgar por los niños escolarizados y por las familias atendidas en los centros de salud se puede asegurar que son apenas unas decenas que, en los mejores momentos, llegaron al centenar.
Por todo ello, la inesperada nueva postergación del desalojo perjudica a miles de vecinos y demora el progreso de una ciudad con una gestión municipal considerada modelo de desarrollo participativo y sustentable.
Prensa Municipalidad de Estación Juarez Celman
