Presentan un pedido de informe en Mendiolaza por varias controversias sobre el manejo de la prensa

Periodistas y comunicadores reclaman por la suspensión de la pauta, falta de pago de servicios ya realizados e intentos de incidir sobre los contenidos por parte de la gestión actual.
Este martes 2 de julio, a las 18, el Honorable Concejo Deliberante de Mendiolaza tratará en comisión un pedido de informe acerca del manejo de la prensa. Se trata de una iniciativa de la concejal Melina Catraro, de Hacemos Unidos por Córdoba, a raíz de una reunión que tuvo con representantes del sector.
Motivó la presentación que el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación Córdoba (CISPREN) emitió el 10 de junio pasado un comunicado en el que repudia el ataque al periódico La Unión Regional por parte del municipio, aludiendo a una publicación en las redes sociales que rezaba: “…Adivinen quién se quedó sin pauta y ahora nos pegan…”.
Esto se suma a que en el conversatorio “La Importancia de la Información Pública”, realizado semanas atrás, periodistas y comunicadores indicaron que tienen dificultades para acceder a las fuentes y que sufren intentos de incidir sobre los contenidos por parte de la gestión actual. Además, aseguraron que suspendió el pago de la publicidad contratada y emitida hasta el 31 de diciembre de 2023, mientras se espera la finalización de una “supuesta auditoria” sobre servicios ya prestados.
En el pedido de informe, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que indique:
- Si la publicación citada en el comunicado del Cispren efectivamente fue realizada desde las cuentas oficiales del municipio.
- Quien es el responsable y cuáles son los criterios con los que se manejan las redes sociales del municipio.
- Cuáles son los motivos por los que el municipio no ha pagado la deuda que contrajo con los medios de comunicación.
- Si existe una auditoria sobre la contratación de publicidad de la gestión anterior. En caso de existir, por qué motivos se inició y cuál es el plazo de finalización.
- Con qué criterio la actual gestión decidió la contratación de publicidad, en qué medios lo hizo y por cuál monto.
- Si el municipio, en cualquier oportunidad durante la actual gestión, ha condicionado el otorgamiento o no de una pauta publicitaria a un medio a los contenidos que se publiquen.
Según consta en el documento presentado por Catraro, el objetivo es “defender la libertad de prensa, imprescindible para el correcto ejercicio de la democracia y las formas republicanas”.
“Sin una prensa libre, los ciudadanos carecerían de la información necesaria para tomar decisiones y participar activamente en el proceso
democrático. Además, la libertad de prensa actúa como un contrapeso esencial al poder, promoviendo un debate público robusto y plural“, agrega el pedido.
En otro tramo, se hace referencia al uso de las redes sociales oficiales: “Garantizar el debido uso de las cuentas oficiales de las redes sociales del municipio. Estas plataformas son herramientas cruciales para la comunicación directa con los ciudadanos y deben ser reflejo del Estado municipal. Nunca, expresión de una facción y menos aún de las opiniones personales de un funcionario público. El uso inadecuado de estas redes deteriora la confianza y la credibilidad de la administración pública”.
El pedido de informe también se escusa en “proteger la labor de los medios regionales y autogestivos“.
“Estos medios juegan un papel vital en la cobertura de noticias locales y en la representación de comunidades que a menudo son pasadas por alto por las grandes corporaciones mediáticas. Al asegurar su supervivencia y desarrollo, se fomenta una mayor pluralidad informativa y se fortalece la democracia al permitir que todas las comunidades tengan una plataforma para expresarse y ser escuchadas“, agrega.
Finalmente, el documento refiere a que busca “evitar que la pauta publicitaria oficial se convierta en un instrumento de sometimiento de los medios de comunicación“.
“Cuando los recursos publicitarios del Estado se utilizan como herramienta de presión, se distorsiona el libre flujo de información y se socava la confianza pública en los medios y en los gobiernos. Garantizar un reparto equitativo y transparente de la pauta publicitaria permite que los medios operen sin coerción“, cierra.