la calera

El oficialismo, con Encuentro Vecinal a la cabeza, no logra acordar con la radical Marcos para constituir las autoridades del cuerpo. El peronismo mira desde afuera.

El pasado 23 de febrero, en La Calera se celebró la sesión preparatoria que manda la Ley Provincial de Municipios y Comunas para
renovar o ratificar las autoridades del Concejo Deliberante. La tirante relación entre el intendente Fernando Rambaldi y la edil radical Analía Marcos tenía a toda la política local en vilo. Principalmente a los armadores de Encuentro Vecinal, a quienes acusan de marcarle la cancha al resto de los espacios políticos que conformaron la alianza oficialista desde el primer día.

En ese contexto, Marcos decidió disputarle la presidencia del cuerpo legislativo a su par Fernández Montero (Encuentro Vecinal), quien
hasta entonces ejercía la máxima autoridad de forma temporal y aspiraba a imponerse para todo el período legislativo 2024.

Desde el oficialismo, sostienen que los acuerdos políticos estaban sellados, habiéndose acordado que la presidencia del Concejo Deliberante sería para Fernández Montero en 2024 y que en 2025 le tocaría a Marcos.

Desde el espacio radical, aseguran que el vecinalismo “se dedicó a incumplir acuerdos, utilizando a sus aliados políticos en la etapa preelectoral y luego, como dice el dicho, si te he visto no me acuerdo“.

Esta situación, al igual que algunos proyectos sensibles que el oficialismo habría presentado en el seno del Concejo Deliberante para que
se aprueben sin debate, encendieron la chispa que hizo detonar la relación entre el Rambaldi y su exaliada política, quien abiertamente y en una dura exposición en el cuerpo manifestó, frente a propios y ajenos, que no iba a permitir que “el intendente la lleve de las narices a votar”.

A raíz de esta pelea política y oliendo la debilidad de una coalición en crisis, el peronismo se decidió con mucha astucia a acompañar la pretensión de Marcos al sillón de la presidencia, contando de este modo la edil radical con los votos necesarios para imponerse como máxima autoridad.

Fue entonces cuando el oficialismo, sin poder sostener a la concejal de Encuentro Vecinal que deseaba imponer Rambaldi, decidió retirar a sus ediles del recinto legislativo, obviando una situación no menor: Marcos más la oposición peronista sumaban el quórum reglamentario para continuar la sesión.

Fue en ese momento cuando Marcos resulta electa presidenta del Honorable Concejo Deliberante por el voto de sus pares, situación que el intendente y su equipo buscaron desacreditar hasta el cansancio. Desde entonces, Encuentro Vecinal pretende imponer a Sofía Fernández Montero nuevamente como máxima autoridad, modificando el Reglamento Interno del concejo con ese sólo fin.

Ya con la intervención del Tribunal Superior de la Provincia, y luego de sendas presentaciones de abogados, recursos, cautelares, audiencias y hasta sesiones del Concejo Deliberante fallidas, la máxima instancia judicial de la Provincia ordenó dejar sin efecto el reglamento aprobado entre gallos y medianoche por el oficialismo local y retrotraer toda la situación jurídica y fáctica del concejo al 23 de febrero pasado, ordenándole a Fernández Montero, como presidenta provisional, que el 2 de julio del corriente año llame a sesionar para resolver esta situación, que fuera puesta bajo la lupa de la Justicia.

Desde Tribunales I enviaron un veedor judicial con poder para disponer del uso de la fuerza pública, con fines de garantizar que el
Concejo Deliberante pudiera volver a funcionar, ya que en el primer intento de sesión ordenada por el Tribunal nada salió como se esperaba. Ante los ojos de todo el público presente y de los medios de comunicación, el oficialismo a través de la figura de Fernández Montero, en una nueva jugada política arriesgada, desoyó lo ordenado por el Tribunal Superior, no dando inicio a la sesión en cuestión y manifestando que llevarían este tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que sostienen que el TSJ vulnero a lo largo del proceso el derecho a la defensa de la parte demandada.

Nuestro medio logró acceder a los registros de la sesión del día de ayer, observando como el veedor del Tribunal Superior le advertía a la concejal Fernández Montero, que la orden del Tribunal era que la sesión se realizara y se eligieran autoridades para de este modo poner a funcionar el Concejo Deliberante, eligiendo dicha edil poner el pecho a la situación y desoír la manda judicial. Una jugada cuanto menos arriesgada, que podría traerle aparejada la aplicación de sanciones varias y hasta la apertura de una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad.